Legisladores de oposición cuestionaron los decretos 626-25 y 627-25, emitidos por el presidente Luis Abinader, mediante los cuales se declara en estado de emergencia a 14 provincias del país tras el paso de la tormenta tropical Melissa, alegando que la medida busca evadir los controles de la Ley de Compras y Contrataciones.
El diputado Charlie Mariotti Jr. afirmó que la declaratoria no corresponde a un estado de emergencia nacional, sino a una “situación de desastre”, lo que, según explicó, no permite eliminar los controles legales sobre el gasto público.
El legislador del PLD sostuvo además que la medida podría tener un trasfondo político y que el Ejecutivo “pretende confundir a la población haciendo creer que un decreto de desastre equivale a un estado de emergencia”, lo que consideró una “falsa interpretación de la Constitución”.
De su lado, el diputado Carlos de Pérez reconoció que algunas provincias como Barahona y Azua sí presentan daños considerables por el fenómeno atmosférico, pero aseguró que el Gobierno maneja mal las emergencias y usa las declaratorias para realizar compras sin rigor ni transparencia.
Los decretos presidenciales establecen que las provincias afectadas por la tormenta, entre ellas Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Azua, La Vega y Monseñor Nouel, quedan bajo clasificación de emergencia regional, y autorizan compras directas para atender los daños en infraestructura, viviendas y servicios esenciales.
Entre las instituciones facultadas a realizar adquisiciones bajo el régimen de excepción figuran los ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura, Obras Públicas, Vivienda, Interior y Policía, Turismo, además del Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Pese a las críticas, el Gobierno sostiene que las medidas son necesarias para agilizar la reconstrucción y garantizar asistencia inmediata a las comunidades afectadas por la tormenta Melissa.
Por: Málvelin Plasencia
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