Por Nelson Rojas
La cesantía es un problema que afecta a miles de trabajadores en nuestro país, y su eliminación ha sido un tema presente en debates económicos y políticos. Sin embargo, la relación entre la cesantía, los gobiernos, los legisladores y los empresarios es compleja y suscita una serie de reflexiones sobre las consecuencias que podría tener su erradicación en nuestra sociedad.
En primer lugar, es fundamental entender que la cesantía no es solo una cifra en las estadísticas; representa el sufrimiento de familias que luchan por subsistir. La presión sobre los gobiernos y legisladores para que implementen políticas efectivas que reduzcan la cesantía es cada vez mayor. Sin embargo, si las soluciones propuestas no abordan las raíces del problema, podríamos enfrentar una situación de descontento social.
Los empresarios, por su parte, han expresado su deseo de eliminar la cesantía, argumentando que esto fomentaría un ambiente más estable para los negocios y, en última instancia, generaría más empleo. Sin embargo, esta postura a menudo se ve empañada por la percepción de que, al mismo tiempo, muchos de ellos evaden obligaciones fiscales y no contribuyen equitativamente al bienestar social. Con más de 900.000 millones de los trabajadores en capital acumulado entre empresarios y bancos, surge la pregunta: ¿por qué no se reinvierte parte de este dinero en la creación de empleo y en el desarrollo de programas que beneficien a la comunidad?
La falta de acción sobre este tema podría llevar a un levantamiento del pueblo. La frustración acumulada por la falta de empleo y la desigualdad económica ha creado un clima de tensión. Si las soluciones no se implementan de manera justa y equitativa, es probable que la población exija respuestas. La historia nos ha mostrado que la inacción frente a las necesidades y derechos de los trabajadores puede llevar a revueltas y protestas que alteran la estabilidad social.
Es vital que todos los actores involucrados —gobierno, legisladores, empresarios y la sociedad civil— trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles a la cesantía. Esto incluye la creación de empleos dignos, la regulación de las prácticas empresariales y la implementación de políticas fiscales que aseguren que todos contribuyan al progreso del país.
La eliminación de la cesantía no debe ser solo un objetivo en el papel, sino un compromiso real que respete la dignidad del trabajo. Si se ignoran las voces del pueblo, el descontento seguirá creciendo y, con él, la posibilidad de un levantamiento que podría poner en riesgo la estabilidad social y económica del país. Es hora de actuar y construir juntos un futuro más justo y equitativo para todos.
